La Comunidad de Madrid decide suspender la apertura de nuevos locales de juego y casas de apuestas

MADRID

La Comunidad de Madrid decide suspender la apertura de nuevos locales de juego y casas de apuestas

El anuncio lo ha hecho Díaz Ayuso durante la entrega de la VIII edición del Premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia, que cada año concede la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que en esta ocasión ha recaído en la figura de S.M. el Rey Felipe VI.

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy la tramitación urgente del decreto que suspenderá temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones de apertura de establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar, salones de juego y locales específicos de apuestas en la Comunidad de Madrid.

La suspensión temporal de la concesión de autorizaciones se mantendrá en vigor hasta la aprobación del nuevo decreto de planificación de la actividad sobre el que está trabajando el Ejecutivo regional.

Como ha recordado el Gobierno madrileño, el sector del juego desarrolla una actividad legal y regulada, cumple con la normativa vigente y es partidario de la toma de decisiones que contribuyan al crecimiento planificado de la actividad.

En la actualidad hay 678 puntos de apuestas en la región, de los que 171 son locales específicos de apuestas. Desde 2014, cuando había 76 casas de apuestas registradas, este tipo de establecimientos ha aumentado un 125%.

A 30 de septiembre de este año, estos puntos se repartían en cuatro casinos, 33 bingos y 470 salones de juego, además de las citadas 171 casas de apuestas.  Estos datos, unidos a la defensa del interés general, la protección de los derechos de los usuarios y consumidores y a las demandas de distintos colectivos y asociaciones, han llevado al Ejecutivo a tomar la decisión, en consonancia con otras medidas emprendidas para combatir la ludopatía y la adicción a las nuevas tecnologías, especialmente entre menores, jóvenes y personas vulnerables.

Así, el Gobierno regional ha dado los primeros pasos para poner en marcha un centro de prevención e investigación sobre ludopatía y nuevas adicciones en adolescentes y niños y se impulsará la formación en los centros educativos dirigida a alumnos, docentes y familias para combatir estas adicciones.

Además, la Comunidad de Madrid anunció la elaboración de una nueva normativa que deberá endurecer el régimen sancionador en lo que afecta a presencia de menores en los locales de apuestas y el régimen de publicidad al objeto de que, entre otras medidas, no se pueda vincular esta actividad a personas famosas.

Distancia mínima respecto a los centros educativos

Se complementarán con las ya aprobadas el pasado mes de mayo vía decreto, cuando, entre otras cuestiones, se fijó una distancia mínima de 100 metros entre los salones de juego y locales de apuestas respecto a los centros educativos de enseñanza no universitaria. Además, se establecieron nuevos controles para evitar el acceso a estos locales, tanto de los menores de edad como de las personas inscritas en el registro de prohibidos.

Con este decreto, los establecimientos deben habilitar un servicio de admisión y registro en la entrada, donde una persona tiene que identificar y registrar a quién quiera acceder a las instalaciones. Los propietarios de estos negocios han tenido un plazo de seis meses desde el pasado mayo para incorporar los nuevos controles de acceso, período que se puede ampliar a tres meses más si han de reformar el local.

Además, la normativa recientemente aprobada también impide la rotulación de salones de juego y locales de apuestas con modalidades de juegos no autorizados en los mismos, como casinos, ruleta, etc. Asimismo, se modificó la regulación de la exclusión de las máquinas con juegos infantiles o deportivos que conceden vales, fichas o elementos canjeables por regalos para prohibir aquellas que presenten una apariencia similar a las máquinas de juego para adultos.

Por último, el texto establece que el 0,7% de la recaudación impositiva procedente del juego se destine a políticas de prevención y tratamiento de ludopatía por parte de la Administración regional. Este porcentaje puede suponer una recaudación aproximada de 1,2 millones de euros anuales.

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